Hace ahora un año, el único (o al menos el mayor) problema del mercado laboral era la desaceleración. El paro bajaba, la Seguridad Social ganaba afiliados y la principal novedad dentro de un periodo de recuperación económica que había comenzado en 2015 era que todo avanzaba algo más despacio. Doce meses después, hoy, la situación ha dado un vuelco para cientos de miles de trabajadores castellanos y leoneses y las expectativas para decenas de miles más son... nadie sabe a ciencia cierta cuáles son.
El temor a un contagio grave de covid, en primera persona o en el entorno de cada cual, sigue siendo la principal preocupación de una sociedad todavía conmocionada por la inesperada sacudida de la pandemia. Pero, como dice la patronal, salud y economía son un binomio con mayor parentesco del que parecía. El miedo a perder el trabajo, o a no encontrar otro para quienes ya lo han perdido, lleva meses ganando terreno en el insomnio de la ciudadanía.
Que se lo digan si no a las casi 30.000 personas que han engrosado las listas del paro en la comunidad en 2020. O a los más de 16.000 que han perdido su puesto de trabajo. O a los cerca de 40.000 trabajadores que siguen en suspensión temporal de empleo. Para todos ellos y muchos más, esta ‘incertidumbre’ que dicen ha sucedido a la ‘desaceleración’ es algo muy parecido a la desolación. Decenas de miles de vidas sacudidas por la crisis del virus, muchas de las cuales encaran un futuro en el que, como dicen no pocos de los afectados «es mejor no pensar».
Es como si un mal sueño se hubiera llevado por delante casi tres años de recuperación. Castilla y León ha pasado de 140.000 desempleados (en diciembre de 2019) a 169.000 un año después, según la lista del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De 925.000 afiliados a la Seguridad Social, a los 908.000 del último dato.Diecisiete mil carreras laborales truncadas, que es como decir la totalidad de la población de un municipio como Benavente.
Aciagos para todos, los destrozos causados por la pandemia se han ensañado –hasta ahora– más con unos que con otros. En el caso del paro –con un repunte medio del 20%– hay diferencias más que significativas. Mientras el sector de la construcción presenta un repunte del 5% (el más suave), entre el colectivo sin empleo anterior –que agrupa a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y a todos los que llevan más de un año en búsqueda de empleo– el desempleo se ha disparado el 32%. Agricultura, industria y servicios sufren incrementos más parecidos al 20% general, algo que en el caso del sector terciario se traduce en más de 20.000 nuevos desempleados.
En cuanto a quienes hace un año tenían trabajo y ahora ya no, el grupo más castigado con gran diferencia sobre el resto es el de los trabajadores de la hostelería. De los casi 17.000 afiliados perdidos, casi 12.000 pertenecen a dicho sector, que ha perdido el 20% de los empleados por cuenta ajena y el 4% de sus autónomos. La segunda actividad más golpeada ha sido el comercio, con 2.700 puestos menos, mil de ellos trabajadores por cuenta propia.
En el extremo contrario, la pandemia también ha dejado algún que otro ‘ganador’, no exento de amargura. Es el caso del sector sociosanitario, que ha visto incrementados sus afiliados en más de 3.500 personas; o el educativo, con algo menos de 2.000. El sector agrario, por su parte, ha crecido en 500 asalariados pero perdido 300 autónomos. Mientras, la construcción es la actividad con el descenso más moderado, inferior al 1% de los cotizantes que tenía al final de 2019.
Sistema de protección
Los mecanismos y herramientas del sistema público de protección, con este panorama, echan humo desde marzo pasado. No en vano, la nómina de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha crecido en más de 25.000 inscritos, al pasar de 76.000 a más de 101.000 en noviembre pasado.
En este sentido, el mercado laboral cuenta con un nuevo actor principal. Hasta hace apenas nueve meses era un ‘figurante secundario’, algo residual, y ahora quizá no haya nadie que ignore ya lo que es un ERTE. Diseñado para proteger el empleo de los sectores que no pueden desarrollar su actividad por el coronavirus, uno de cada cinco trabajadores de Castilla y León ha estado en expediente de regulación temporal de empleo en algún momento de 2020, cerca de 125.000 de ellos por causa de fuerza mayor. En la actualidad, las restricciones de la covid todavía mantienen en este estado a 35.000 personas.
Paralelamente a esta situación, los ERTE convencionales (por caída de la producción, sobre todo) ofrecen una elocuente imagen del estado de las cosas: en 2019 afectaron a 3.850 trabajadores y en 2020, a más de 47.000, un crecimiento superior al 1.000%.
No pocos de estos asalariados, con su empleo por el momento hibernado y cobrando a cargo del sistema en torno al 70% de su sueldo, han visto cómo el aluvión de demandas y el atasco administrativo ponían a prueba sus ahorros. Se trata de una situación a la que tampoco son ajenos los autónomos, entre quienes cerca de 40.000 han recibido en algún momento de 2020 una prestación por cese de actividad.
Este es el escenario con el que va a iniciarse febrero y con el que la comunidad se adentra en 2021; con la población activa algo así como situada entre dos altavoces. Uno es el del Gobierno y la Junta, que tratan de transmitir positivismo con el mensaje de que los sistemas de protección están conteniendo la debacle para que estemos en buena situación de remontada cuando todo pase. El otro es el de los empresarios y sindicatos (también economistas, analistas, etc.), que advierten de que lo peor está aún por llegar.
Lo que no quiere decir que para muchas personas, como las que ilustran estas páginas, el presente no sea ya bastante malo.
